Fuente: Faro de Vigo.
El anteproyecto de ley de ordenación del litoral exige la presentación de un informe de impacto social y económico de los parques en la pesca que revisará la Consellería do Mar.
Oficialmente, la Xunta da cuatro razones para sacar ahora una ley de ordenación del litoral de Galicia. Dice en la exposición de motivos que la tarea requiere un “enfoque ecosistémico” para garantizar que la presión de las actividades desarrolladas en la costa se mantenga “en niveles compatibles con el buen estado ambiental” e “integrador” para no dejar fuera ningún uso, ni pasar por alto alguno de los riesgos. La tercera causa es la consideración del litoral “en toda su extensión”, concellos bañados por el mar incluidos. Y la cuarta, un claro envite al Estado: el litoral debe ordenarse “desde la escala autonómica”. “Frente a los sucesivos intentos armonizadores y uniformadores de ordenación de la costa y el mar, esta ley se construye sobre una premisa radicalmente distinta avalada por la experiencia y el conocimiento científico”, sostiene el Ejecutivo regional, con una defensa a ultranza del mando aquí para la gestión “realista, razonable y eficaz” y “coherente” con “la singularidad” del litoral gallego.
“El devenir de la costa se juega en las próximas décadas y Galicia tiene que disponer de una norma, con la legitimidad que solo confiere el Parlamento, que ofrezca instrumentos suficientes y adecuados que permitan proteger los ecosistemas, afrontar las condiciones derivadas del cambio climático y favorecer el desarrollo sostenible”, resume el anteproyecto de la norma en exposición pública ahora mismo, sin esconder una quinta razón, la política. “La tarea es abordada con la complicidad de un estado de opinión que difícilmente tiene vuelta atrás –remarca–: el convencimiento de que Galicia puede y debe asumir el protagonismo que le corresponde en la realización de una de sus competencias exclusivas más significativas e identitarias”.
Aunque la futura ley se presenta como la desafiante respuesta a la negativa del Gobierno estatal de transferir las competencias a Galicia para dar un giro en la caducidad de las concesiones de suelo a las empresas asentadas en el litoral, la intención de la Xunta es ir mucho más allá y, entre otras actividades, toca la eólica marina. Ninguno de los polígonos contemplados para los parques offshore en el borrador de los Planes de ordenación del espacio marítimo (POEM) se sitúa en la franja de 12 millas (19,3 kilómetros) desde la costa que la Xunta aspira a tutelar, pero las instalaciones flotantes y las líneas de evacuación sí pueden colindar con áreas de uso pesquero. Si la incidencia es “apreciable”, la ley recoge la obligación de los promotores de entregar a la administración autonómica un informe “de impacto económico y social”, independientemente de todos los documentos que deberán presentar al Ministerio para la Transición Ecológica, que es quien tiene las competencias de la ordenación.
La medida figura en el artículo dedicado a la “sostenibilidad económica y social del sector marítimo-pesquero y la cadena mar-industria alimentaria”. Afecta expresamente a “los proyectos de implantación de energía eólica marina”, pero también al resto de “proyectos, planes o programas que se pretendan llevar a cabo en aguas del litoral de Galicia” y “sean susceptibles de provocar un impacto apreciable” en la pesca, lo que abre la puerta a que incluso los POEM, diseñados por el Ministerio para la Transición Ecológica tras las consultas con los agentes afectados –entre ellos, la propia Xunta– tengan que pasar por este trámite en sus futuras revisiones.
¿A quién le corresponde realizar el informe? Al promotor del proyecto, sea público o privado, “a fin de someterlo” a la consulta de la Consellería do Mar. La evaluación, según marca la ley, puede ser “favorable, favorable con condiciones o desfavorable”, en cuyo caso “se determinarán las medidas correctoras necesarias para mitigar o paliar el impacto negativo”. La Xunta menciona expresamente en este punto la posibilidad de exigir “medidas compensatorias en favor de los sectores afectados o sus comunidades”.
La Consellería de Medio Ambiente reconoce a FARO que los parques eólicos se van a implantar fuera de la línea de 12 millas, donde la Xunta no tiene competencias. Lo que aparece en el anteproyecto de ley de ordenación del litoral son “una serie de cautelas y prevenciones en atención al sector pesquero”. “Puede haber algún tipo de incidencias por las infraestructuras de evacuación y conducción eléctrica que llegan hasta tierra”, apunta el departamento dirigido por Ángeles Vázquez. “Se está realizando un esfuerzo, por tanto –añaden–, para tratar de reconducir el planteamiento que está haciendo el Gobierno central de la eólica marina a lo razonable”.
¿Está la Consellería de Medio Ambiente en contra del desarrollo de la eólica marina en Galicia, el territorio peninsular con mejores condiciones para los parques flotantes y con más proyectos ahora mismo que pujarán por las zonas aptas? “Por parte de la Xunta no existe un posicionamiento general contrario a la eólica marina”, responde. “Habrá que valorar cada uno de los proyectos cuando llegue el momento –continúa el equipo de Vázquez– y determinar en qué medida pueden afectar a Galicia en función de las circunstancias de cada uno”.
En la ventanilla de Transición Ecológica había hasta ayer los documentos iniciales para nueve parques eólicos marinos en Galicia. Suman 5.805 megavatios (MW), pero no todos saldrán adelante. El Gobierno prevé sacar las zonas posibles a subastas una vez que salga en las próximas semanas la versión definitiva de los POEM, que recortará la superficie reservada inicialmente para offshore en Galicia.