Fuente: Faro de Vigo.
Aunque lo hubiesen pretendido, los múltiples acreedores de Hijos de J. Barreras no habrían podido forzar su concurso de acreedores. El COVID ha sido la única salvaguarda de Cruise Yacht YardCo –una de las innumerables filiales del fondo norteamericano Oaktree y propietaria del astillero–, debido al blindaje universal anticoncurso que el Gobierno desplegó en marzo de 2020 para evitar la destrucción de empresas.
La misma pandemia que causó a la empresa un perjuicio de 9,7 millones de euros, según sus propios cálculos, ha sido su escudo protector. Y lo seguirá siendo hasta que termine febrero del próximo año, según apuntaron a FARO fuentes próximas a la nueva dirección de Barreras, encomendada a la consultora Kroll. “La moratoria se extiende hasta febrero”. Gana así tiempo el equipo que dirige Vicente Estrada para llegar a final de año con dos inversores interesados en la unidad productiva, “a tiempo” para que puedan realizar las correspondientes due diligence (auditorías).
Sin el blindaje anticoncurso, Barreras tendría la obligación de declararse insolvente en un juzgado. Ahora no solo tiene hasta el 31 de diciembre, sino que cuenta con dos meses adicionales gracias a la normativa antiCOVID.
Lo mismo sucede con el estado de disolución en el que se encuentra el astillero –en sus cuentas auditadas no cuentan las pérdidas del año pasado y, de ahí que su patrimonio neto sea positivo–, con un agujero de 77,2 millones. “Si en el ejercicio 2021 la sociedad no genera los beneficios suficientes […] para cubrir las pérdidas acumuladas hasta la fecha, los administradores o el accionista único deberán, en el plazo de dos meses a contar desde el cierre del ejercicio, proceder a la disolución”, dice Barreras en su última memoria anual. Sesenta días de oxígeno.
Para cuando se cumplan, Oaktree y Cruise Yacht ya habrán abandonado su proyecto en Vigo, que nació a caballo de otra suspensión de pagos y ha rematado con el mayor astillero privado de España buscando comprador por un euro. No lo encontró. Esta “oferta preliminar” –para “valientes”, como describían desde Beiramar–, incluía todo el ramillete de contingencias judiciales, deudas y cargas laborales de Hijos de J. Barreras. Solo la naviera noruega Havila Kystruten reclama a la comparía que presidía Douglas Prothero – cesó en Junio- 57 millones de euros, como desveló este periódico.
El juicio, en un tribunal de Londres, se celebrará en julio. Hijos de J. Barreras consta como cliente del bufete británico Holman Fenwick Willan LLP para este proceso, aunque en la demanda no figura quién paga sus honorarios, y quién deberá soportarlos cuando Oaktree diga adiós y la atarazana cambie de manos.
En el aire está todavía el mecanismo de venta, y si se opta por separar los activos buenos del astillero de los contaminados. Esta sería la vía del prepack concursal, en la que activos contingentes o pasivo laboral podrían quedar en una especie de banco malo. Las mismas fuentes próximas a Kroll inciden en que el sistema elegido dependerá del perfil de los inversores interesados y de la oferta que pongan sobre la mesa.
“Al astillero no le van a faltar pretendientes, si es por la unidad productiva limpia”, cree un directivo del sector. Se desconoce qué pasará con la hipoteca real con la que Prothero mandó gravar los terrenos privados de Hijos de J. Barreras, tasados en más de 10 millones de euros, en favor de la misma sociedad propietaria del crucero Evrima. Se trata de Cruise Yacht 1, parte de un extensísimo entramado societario que culmina en Islas Caimán, como destapó FARO, y que figura dentro de la investigación Paradise Papers (de los mismos autores que la de Papeles de Panamá) para ahorrar impuestos.
